La inhabilitación de 10 años de Emilio Lozoya por su declaración patrimonial

La inhabilitación de 10 años de Emilio Lozoya por su declaración patrimonial

Emilio Lozoya Austin, quien encabezara Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto —específicamente entre 2012 y 2016—, encabeza los señalamientos en torno al escándalo de Odebrecht en territorio mexicano. A diferencia de lo ocurrido en expedientes similares, seis años después de su extradición, ninguno de sus dos procesos penales ha alcanzado la etapa de juicio oral ni cuenta con sentencia; ambos procesos continúan entrampados entre recursos de amparo, suspensiones y apelaciones, al tiempo que el ministerio público ha conseguido despojarlo de al menos un inmueble mediante la vía civil. Este reporte agrupa exclusivamente datos comprobados y vigentes, acompañados de los pormenores procesales conocidos.

Tabla de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Detención y extradición Detenido en Málaga (España) en 2020 y extraditado a México ese mismo año Confirmado — hecho de dominio público
2 Caso Odebrecht Presuntos sobornos de US$10.5 millones a cambio de contratos de obra pública para Pemex Vinculado a proceso; en etapa intermedia, sin juicio oral ni sentencia
3 Caso Agronitrogenados Compra sobrevaluada de una planta de fertilizantes al empresario Alonso Ancira a cambio de comisiones Vinculado a proceso; suspendido y reactivado varias veces, sin sentencia
4 Criterio de oportunidad fallido Negoció, sin éxito, ser testigo colaborador a cambio de inmunidad parcial Confirmado — la FGR rechazó el acuerdo en 2023
5 Extinción de dominio de su residencia El Estado mexicano se adjudicó una propiedad de más de $51 millones de pesos en Lomas de Bezares Confirmado — sentencia firme por vía civil (2026)
6 Inhabilitación por falsear su declaración patrimonial La Función Pública lo inhabilitó 10 años para ejercer cargos públicos por omitir una cuenta bancaria en su declaración Confirmado — sanción administrativa de 2019, validada por el TFJA en 2020

1. Arresto en suelo español y posterior extradición a territorio mexicano

La revelación llegó en 2017 con un reportaje periodístico: según Expansión Política, Odebrecht habría pagado a Lozoya más de US$10 millones en sobornos para quedarse con una licitación de US$115 millones cuyo objetivo era remodelar una refinería de Pemex. Lozoya acudió ese mismo año ante la entonces PGR y negó en público haber recibido sobornos; las investigaciones, sin embargo, siguieron adelante. El mismo medio indica que en febrero de 2020 fue detenido en una zona residencial de Málaga, España.

Su extradición a México fue aceptada en junio de 2020, tal como lo confirmó en aquel entonces Alejandro Gertz Manero, quien encabezaba la Fiscalía General de la República (FGR), de acuerdo con La Silla Rota. Arribó al país el 17 de julio de 2020 custodiado por la propia FGR y, tal como reporta Expansión Política, lo llevaron directamente a un centro médico debido a probables complicaciones de salud previo a presentarse ante un juez mediante videoconferencia. Un juez determinó su vinculación a proceso por cargos de cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, aunque le otorgó la medida de libertad condicionada amparándose en el recurso de criterio de oportunidad para que funcionara como colaborador y testificara en contra de otros involucrados.

2. Caso Odebrecht

Este es el procedimiento original: el señalamiento de que Lozoya obtuvo 10.5 millones de dólares por parte de Odebrecht a cambio de adjudicar convenios de infraestructura pública de Pemex a la compañía brasileña, conforme a La Jornada. Durante enero de 2023 se llevó a cabo una diligencia orientada a pactar un acuerdo reparatorio; para marzo de aquel año, Lozoya fracasó en su intento de conciliar con la FGR, instancia que exigió un resarcimiento superior a los 200 millones de pesos y, por la vía judicial, una pena de hasta 46 años de cárcel, de acuerdo con Infobae. Como respuesta, su defensa propuso abonar 10.7 millones de dólares como reparación del daño.

En noviembre de 2021 un juez le dictó prisión preventiva justificada, por riesgo de fuga, después de que se difundieran imágenes suyas cenando en un restaurante de lujo en la Ciudad de México, según La Silla Rota. En febrero de 2024 un juez le permitió continuar el proceso en libertad, bajo arraigo domiciliario con brazalete electrónico, de acuerdo con Infobae; la FGR calificó ese beneficio de «ilegal» e interpuso un recurso de revisión. A la fecha de las fuentes consultadas, este proceso se encontraba en transición de la etapa intermedia a la de juicio oral, sin que se hubiera dictado sentencia.

Durante su comparecencia como testigo colaborador, Lozoya asimismo salpicó a diversos exservidores públicos de la administración de Enrique Peña Nieto, tales como el excandidato presidencial Ricardo Anaya, el senador panista Jorge Luis Lavalle y el propio Carlos Treviño —su relevo al frente de Pemex, quien fue arrestado en Estados Unidos durante 2025 debido a presuntos sobornos de Odebrecht—, de acuerdo con lo reportado por Infobae y La Silla Rota.

3. Caso Agronitrogenados

El segundo proceso contra Lozoya se relaciona con la adquisición con sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira, propietario de Altos Hornos de México (Ahmsa), a cambio de sobornos, de acuerdo con ABC Noticias. Dicho procedimiento arrastra una trayectoria judicial sumamente compleja: el 31 de agosto de 2023, un juez de control frenó la causa tras admitir la postura de la defensa, la cual sostenía que bastaba con que Ancira —sancionado a cubrir más de US$216 millones— cubriera la reparación del daño para favorecer asimismo a Lozoya, conforme a lo reportado por La Jornada.

Ancira solo cubrió una parte de los pagos acordados y dejó de pagar los US$112.5 millones restantes desde fines de 2024, según Diario.mx. La FGR apeló la suspensión, y en noviembre de 2024 un tribunal de apelación le dio la razón y ordenó reactivar el caso; la defensa de Lozoya, sin embargo, obtuvo sucesivas suspensiones provisionales por la vía del amparo, primero en abril de 2024 y de nuevo en diciembre de 2025, según Proceso e Infobae. En julio de 2026 un tribunal federal volvió a ordenar la reactivación del proceso, según El Universal, pero para entonces la FGR ya había pedido 15 años de prisión contra Lozoya en la audiencia intermedia, un juicio que, según Diario.mx, todavía no podía comenzar por apelaciones pendientes en tribunales.

4. Criterio de oportunidad fallido y acuerdo reparatorio

Tras ser extraditado, Lozoya trató de acogerse al «criterio de oportunidad», figura que le permitiría convertirse en testigo colaborador y obtener una reducción sustancial de su responsabilidad penal a cambio de aportar información sobre otros funcionarios del sexenio de Peña Nieto, según TOJIL. Esa misma organización civil cuestionó entonces la legalidad de aplicar dicha figura a un caso de tal magnitud e interés público, y pidió que se le reconociera como víctima en el proceso para evitar que quedara impune.

El 10 de marzo de 2023 se celebró una audiencia intermedia en el Reclusorio Norte en la que el Estado mexicano exigió a Lozoya y su familia un acuerdo reparatorio superior a $200 millones de pesos; sus abogados ofrecieron un pago conjunto de US$10.7 millones entre los casos Odebrecht y Agronitrogenados, pero no se llegó a un acuerdo, según Infobae. La FGR también solicitó 22 años de prisión contra la madre de Lozoya, Gilda Margarita Austin, presuntamente involucrada en el manejo del dinero del caso Agronitrogenados, según ABC Noticias. Al fracasar la negociación, Lozoya permaneció sujeto a proceso penal ordinario en ambos casos.

5. Extinción de dominio de su residencia

A pesar de que las dos causas penales continuaban sin resolución, el Estado mexicano logró concretar una victoria definitiva por la vía civil: el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito ratificó el fallo de extinción de dominio sobre un inmueble perteneciente a Lozoya ubicado en Lomas de Bezares, avaluado en más de $51 millones de pesos, de acuerdo con Infobae. Dicho inmueble se incorporó formalmente a los bienes de la nación. Hasta el momento de las referencias empleadas, constituye la única resolución judicial definitiva y ejecutada en contra de Lozoya dentro de toda la investigación por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, puesto que ni el proceso penal por cohecho ni el relacionado con lavado de dinero habían derivado en una sentencia condenatoria.

6. Inhabilitación por falsear su declaración patrimonial

El 22 de mayo de 2019, previo a su arresto en España, la Secretaría de la Función Pública (SFP) vetó a Lozoya por un periodo de 10 años para desempeñar empleos públicos debido a la entrega de datos falsos sobre sus bienes; de acuerdo con la institución, omitió en más de una ocasión una cuenta bancaria con depósitos que ascendían a cientos de miles de pesos, según lo reportado por Expansión Política. La dependencia federal subrayó que se trataba de la ocasión inicial en que se sancionaba de esta forma a un exdirector de Pemex, de acuerdo con información de El Financiero.

Lozoya impugnó la sanción. El 5 de febrero de 2020 la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la validó por mayoría, según MVS Noticias. A diferencia de los procesos penales, que siguen sin sentencia, esta es una sanción administrativa confirmada en tribunales.

Anexo: operaciones cuestionadas sin proceso penal

La siguiente transacción fue objeto de observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras, aunque esto no derivó en una causa penal contra Lozoya. Se incluye únicamente a modo de contexto, y no como un hecho comprobado.

La adquisición de Grupo Fertinal

Además de Agronitrogenados, Lozoya impulsó en 2015 otra operación de Pemex dentro del mercado de abonos agrícolas: Grupo Fertinal, cuya adquisición recibió el visto bueno del consejo de administración en octubre de aquel año por un monto de 635 millones de dólares. Conforme a lo publicado por Infobae, las indagatorias posteriores calcularon un sobreprecio cercano a los 193 millones de dólares en una compañía insolvente, mientras que las objeciones planteadas por los consejeros independientes respecto al valor fueron desoídas. Hacia marzo de 2019, la asesoría jurídica de Pemex interpuso una denuncia ante la FGR debido al perjuicio ocasionado al patrimonio.

En el caso Fertinal no hubo imputación penal contra Lozoya. Aunque la operación recibió observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de la antigua SFP, la FGR, de acuerdo con Proceso, «dio un carpetazo» a esa línea de investigación.

Fuentes consultadas