El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá ratificó la privación de libertad preventiva para cinco ciudadanos vinculados con la Operación Pandora, un sumario judicial que indaga una supuesta estafa fiscal superior a los 40 millones de dólares. Por otra parte, la misma instancia judicial dispuso la reclusión preventiva de un sexto procesado, quien hasta ese momento cumplía arresto domiciliario.
Otros ocho procesados decidieron retirar los recursos de apelación que habían presentado contra las medidas cautelares, por lo que las disposiciones impuestas anteriormente continuarán vigentes. La única excepción corresponde a una mujer que seguirá bajo arresto domiciliario por razones humanitarias relacionadas con una intervención quirúrgica en la cabeza realizada en 2025.
Aunque se mantuvo el arresto domiciliario de esta imputada, los magistrados consideraron que existe una vinculación relevante con los hechos investigados y ordenaron que utilice un brazalete electrónico mientras avanza el proceso judicial. La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
La Fiscalía había solicitado mantener las medidas de detención argumentando que todavía existen riesgos procesales. Entre las razones expuestas se encuentra la posibilidad de que determinadas pruebas puedan verse afectadas mientras permanecen pendientes varias diligencias de investigación.
Los expertos todavía tienen pendiente sumar testimonios, datos bancarios y papeles vinculados a las empresas asociadas con las pesquisas en curso. Estos componentes tal vez contribuyan a esclarecer la supuesta operativa del entramado y a esclarecer el grado de implicación de los sospechosos.
El asunto gira en torno al presunto empleo irregular de la plataforma E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI). Según la teoría del Ministerio Público, el sistema fue alterado para tramitar y adueñarse de créditos fiscales, generando un daño al Estado panameño que rebasa los 40 millones de dólares.
Entre los individuos que persistieron con sus recursos de apelación hasta la conclusión del proceso figuran las antiguas servidoras de la DGI Karina Suárez, Margie Caballero, Juana Chong y Vielka Sáez, sumándose a ellas Juan Omar Palacios. A este último, el Ministerio Público lo apunta como receptor de más de medio millón de dólares procedentes de una entidad mercantil catalogada presuntamente como intermediaria dentro de la trama indagada.
Durante la vista judicial, tanto Sáez como Chong negaron haber estado al tanto de la operación de una red delictiva en el interior de la agencia de tributos. Las dos sostuvieron que las carpetas vinculadas a los beneficios fiscales arribaban con el visto bueno previo y que su labor se reducía a gestionar trámites burocráticos, al margen de cualquier decisión sobre las transacciones investigadas.
La investigación mantiene actualmente a 21 personas imputadas por presuntos delitos que incluyen blanqueo de capitales, delincuencia organizada, falsedad documental y corrupción de servidores públicos. Sin embargo, el Ministerio Público ha advertido que el alcance de las pesquisas podría ampliarse hasta unas 50 personas.
El origen de la investigación se encuentra en una auditoría interna de la DGI, que detectó inconsistencias entre registros tributarios y movimientos reflejados en la plataforma E-Tax 2.0. Entre los hallazgos figuraron operaciones sin respaldo documental, anulaciones de transacciones antiguas y modificaciones relacionadas con créditos fiscales y beneficiarios de pagos tributarios.
Las pesquisas condujeron a más de 20 allanamientos simultáneos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde fueron aprehendidos funcionarios de la DGI y particulares. Las autoridades buscan establecer quiénes autorizaban las operaciones, cómo funcionaba la estructura y cuál habría sido el destino de los recursos obtenidos mediante los créditos fiscales cuestionados.
Según la hipótesis de la Fiscalía, una porción de los fondos se habría entregado en efectivo con el fin de entorpecer su seguimiento. Por esta razón, el examen de cuentas bancarias, empresas y transacciones monetarias sigue constituyendo uno de los ejes fundamentales de la pesquisa para esclarecer si intervinieron más implicados y si el daño patrimonial rebasa el monto estimado al principio.
Tras el fallo del Tribunal Superior de Apelaciones, las medidas cautelares fundamentales siguen vigentes al tiempo que prosigue la instrucción. El caso Pandora continúa figurando entre los expedientes más relevantes de los últimos tiempos sobre supuesta corrupción asociada al sistema tributario panameño, tanto debido a la cantidad de imputados como por la cifra del presunto daño patrimonial al Estado.
Fuente: Infobae — Infobae, “Justicia panameña confirma la detención de los imputados por fraude de $40 millones en el sistema tributario”
