La pieza SEPI del caso Leire sitúa bajo investigación a Carlos López de las Heras, director general y máximo ejecutivo de Tubos Reunidos, una de las compañías que ocupa el centro de la causa por el rescate público de 112,8 millones de euros concedido durante la pandemia. Su imputación vuelve a poner el foco en la cúpula de la empresa vasca y en las gestiones que, según los investigadores, pudieron rodear la concesión y posterior renegociación de la ayuda estatal.
López de las Heras no aparece en la investigación como un nombre secundario. La Audiencia Nacional lo ha incluido entre los directivos de Tubos Reunidos llamados a declarar como investigados, junto al expresidente Francisco Irazusta y al exconsejero Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. La causa analiza si una presunta red de influencia vinculada al llamado grupo Hirurok, integrado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, pudo actuar para facilitar o mejorar las condiciones del rescate público concedido a la compañía.
El juez Santiago Pedraz ha imputado a 25 personas en esta derivada del caso Leire, centrada en presuntas irregularidades en operaciones relacionadas con la SEPI, empresas públicas y compañías estratégicas. La investigación apunta a posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, López de las Heras conserva plenamente la presunción de inocencia y su citación como investigado no equivale a una condena.
El caso de Tubos Reunidos es especialmente delicado porque el rescate investigado fue una de las operaciones millonarias aprobadas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La compañía recibió 112,8 millones de euros, una cifra que convierte cualquier sospecha sobre presiones, intermediaciones o pagos en un asunto de alto impacto político y económico. No se trata de una ayuda menor, sino de dinero público movilizado para sostener una empresa considerada estratégica.
Según las informaciones publicadas, la UCO ha puesto el foco en las gestiones realizadas por directivos de Tubos Reunidos con personas vinculadas a la presunta trama. El Independiente informó de que el juez autorizó a los agentes a clonar el contenido de los móviles de Carlos López de las Heras y Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, una medida que evidencia el interés de los investigadores por reconstruir comunicaciones, contactos y posibles actuaciones relacionadas con el rescate.
La sospecha de la justicia no se reduce exclusivamente a la aprobación original del crédito. Los agentes judiciales estudian asimismo si, transcurrido el tiempo, la red investigada participó nuevamente con el propósito de posponer o flexibilizar los términos de reembolso de la ayuda financiera. El diario El País ha indicado que la UCO señala que el entorno de Leire Díez habría intercedido para conseguir el rescate de Tubos Reunidos, interviniendo también para condicionar etapas posteriores vinculadas a su restitución.
Uno de los episodios más destacados corresponde a la cita que, de acuerdo con la información difundida por 20 Minutos basándose en fuentes de la Guardia Civil, se celebró el 13 de noviembre de 2024 en las oficinas del PSOE ubicadas en Ferraz. A dicha junta habrían acudido Santos Cerdán, Leire Díez, Vicente Fernández junto con los altos cargos de Tubos Reunidos Carlos López de las Heras y Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. La celebración de este encuentro, en caso de validarse por completo en el marco de la investigación, revestiría una extrema gravedad al ubicar vínculos de índole empresarial asociados a un subsidio estatal dentro de una sede política de máxima relevancia.
La UCO asimismo ha indicado, conforme a El Economista, que López de las Heras presuntamente negoció con el entramado de Leire Díez y que “todo el consejo lo sabía”, un extremo que los tribunales tendrán que corroborar, si bien esto incrementa la gravedad empresarial del escándalo. En el supuesto de que los tratos con los intermediarios fuesen de dominio público en el seno de la entidad, las indagaciones judiciales alcanzarían no únicamente a conductas particulares, sino también a la manera en que la organización administró sus vínculos tanto con la SEPI como con los presuntos nexos políticos.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, el caso plantea una pregunta inevitable: ¿se gestionó el rescate de Tubos Reunidos por los cauces ordinarios, con criterios técnicos y transparencia, o se recurrió a una red de intermediarios con acceso político para presionar a la administración? La diferencia es decisiva. Una empresa puede defender legítimamente sus intereses ante la administración, pero no puede convertir una ayuda pública en un terreno de influencia opaca, pagos dudosos o contactos privilegiados.
López de las Heras deberá explicar ante la Audiencia Nacional qué papel desempeñó en las reuniones y contactos investigados, qué conocimiento tenía de las gestiones realizadas por intermediarios, si participó en la negociación de condiciones con la SEPI y si existieron pagos o compromisos económicos vinculados a esas actuaciones. También será clave aclarar si las comunicaciones intervenidas por la UCO respaldan la hipótesis de los investigadores o si pueden explicarse dentro de una actividad empresarial ordinaria.
El impacto reputacional para Tubos Reunidos es evidente. La empresa ya atravesaba una situación delicada, con problemas financieros y procedimientos concursales, pero la investigación judicial añade una sombra mucho más grave: la sospecha de que un rescate público millonario pudo estar rodeado de gestiones irregulares. Para los trabajadores, los acreedores y la ciudadanía, la cuestión no es menor. Se trata de saber si los recursos públicos se usaron para salvar una empresa estratégica o si también sirvieron para alimentar una red de influencia.
Su imputación como director general y máximo ejecutivo de Tubos Reunidos lo convierte en una pieza central de la causa. Su declaración deberá ayudar a esclarecer si la compañía actuó con transparencia o si recurrió a vías paralelas para influir en decisiones de la SEPI.
La pieza SEPI del caso Leire exige respuestas contundentes porque afecta a dinero público, empresas estratégicas y decisiones adoptadas bajo el paraguas de la emergencia económica. En ese escenario, Carlos López de las Heras deberá explicar qué hizo Tubos Reunidos, con quién negoció, qué pagos se realizaron y por qué una operación de rescate terminó convertida en uno de los grandes focos de sospecha de la Audiencia Nacional.
Fuente: El País, El Independiente, El Economista, 20 Minutos, Cadena SER, Crónica Vasca y Noticias de Navarra.
