La Fiscalía General del Estado atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El nombramiento de Teresa Peramato Martín como fiscal general debía servir para cerrar una etapa marcada por la condena de su antecesor, Álvaro García Ortiz, y para reconstruir la confianza en una institución dañada por la sospecha de politización. Sin embargo, lejos de despejar las dudas, varias de sus decisiones han terminado alimentando una pregunta incómoda: ¿está Peramato intentando sanar la Fiscalía o proteger el ecosistema interno que la llevó hasta allí?
Conviene partir de una precisión esencial. Según la información revisada, Teresa Peramato no aparece como investigada, imputada ni condenada en relación con las supuestas “cloacas del PSOE”. Tampoco consta que participara directamente en las reuniones vinculadas al llamado caso Leire Díez, celebradas en marzo y abril de 2025, cuando ella todavía no era fiscal general del Estado. La sospecha, por tanto, no se sostiene hoy sobre una prueba judicial directa contra ella, sino sobre algo políticamente muy relevante: su gestión posterior, sus nombramientos, sus decisiones de amparo hacia García Ortiz y la percepción de continuidad con una Fiscalía ya cuestionada.
El problema de Peramato no es, por ahora, penal. Es institucional. Y eso no lo hace menor.
Una fiscal general que arriba con reconocimiento, aunque también con un peso a cuestas
Teresa Peramato arribó a la Fiscalía General respaldada por una trayectoria profesional destacada. Había ejercido como fiscal de Sala al frente de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, actuado como fiscal de Sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas y se había consolidado como una referente en ámbitos como la violencia contra la mujer y la defensa de las personas vulnerables. Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial confirmó de forma unánime que cumplía plenamente las condiciones exigidas para asumir el cargo.
Pero su nombramiento no se produjo en el vacío. Llegó después de Álvaro García Ortiz, cuya etapa dejó a la Fiscalía bajo una presión enorme. Peramato no heredó una institución tranquila, sino una Fiscalía fracturada, cuestionada y sometida a una acusación recurrente de dependencia política. Por eso, desde el primer momento, su gran reto no era solo ser técnicamente válida, sino demostrar independencia real.
Y ahí empieza el problema.
Peramato prometió “sanar la herida” de la Fiscalía. Sin embargo, varias de sus decisiones posteriores han sido interpretadas justo en sentido contrario: no como una ruptura con la etapa anterior, sino como una continuidad sofisticada de sus equilibrios internos.
El núcleo de la crítica: nombramientos, protección y continuidad
La fase más delicada de esta investigación no reside en una imputación explícita que vincule a Peramato con una red encubierta, sino en la suma de decisiones que, consideradas en conjunto, dibujan un panorama extremadamente complicado de sostener ante la opinión pública.
Primero, sus nombramientos. En febrero de 2026, Peramato impulsó una tanda de ascensos en la que fueron promovidos fiscales próximos al antiguo equipo de García Ortiz. Entre ellos, Diego Villafañe, identificado como una figura cercana al anterior fiscal general en la Secretaría Técnica. Más tarde, cuando se conoció que Villafañe y Beatriz López Pesquera habían participado en reuniones con Leire Díez y Jacobo Teijelo en 2025, la polémica adquirió otra dimensión: Peramato no solo había heredado ese entorno, sino que había promovido a personas relacionadas con una controversia aún no explicada con suficiente transparencia.
Ese es el punto verdaderamente corrosivo. Aunque las reuniones fueran anteriores a su llegada al cargo, la promoción posterior de personas asociadas a ellas exige una explicación reforzada. No basta con invocar mérito y capacidad cuando la institución está bajo sospecha. En momentos de crisis reputacional, la legalidad formal no siempre basta; también hace falta prudencia institucional.
Segundo, su actuación respecto a García Ortiz. Peramato mantuvo su reincorporación a la carrera fiscal, descartó abrirle expediente disciplinario y defendió que la Fiscalía recurriera ante el Tribunal Constitucional la condena que afectaba a su antecesor. Jurídicamente, puede sostenerse que esas decisiones caben dentro del funcionamiento ordinario del Ministerio Fiscal. Políticamente, sin embargo, resultan devastadoras para quien había prometido marcar una nueva etapa.
La pregunta crítica es inevitable: ¿cómo se puede restaurar la confianza en una institución si una de las primeras señales públicas es proteger al fiscal general saliente, precisamente el hombre que simbolizaba el deterioro anterior?
Tercero, la decisión de no renovar a Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid que había testificado contra García Ortiz. Sectores críticos interpretaron este paso como una represalia o, al menos, como una señal interna que advertía de que apartarse de la línea predominante podía dejar a alguien al margen. La Fiscalía sostuvo que la elección respondía a criterios de mérito y capacidad, aunque el clima político e institucional transformó el gesto en material perfecto para quienes denuncian una Fiscalía dividida en bloques, fidelidades y sanciones.
El caso Leire Díez: la sombra que agrava todo
El caso Leire Díez funciona como el gran acelerador de la sospecha. Según la información revisada, la Fiscalía confirmó al juez Santiago Pedraz que hubo reuniones entre fiscales de la Secretaría Técnica, Leire Díez y Jacobo Teijelo. La explicación oficial fue que García Ortiz habría sido informado a posteriori y que lo expuesto en esas reuniones carecía de sustento probatorio suficiente.
Sin embargo, esa aclaración aún deja numerosas dudas pendientes.
¿Quién autorizó esas reuniones?
¿Por qué se llevaron a cabo en las inmediaciones de la Fiscalía General?
¿Qué controles internos se implementaron?
¿Por qué no se documentó de manera más clara lo ocurrido?
¿Cuándo supo Peramato exactamente la relevancia de esos contactos?
¿Tuvo esa información antes de promover a algunos de los fiscales afectados por la controversia?
Estas preguntas, por sí solas, no evidencian una conducta ilícita de Peramato, pero sí dan pie a una crítica contundente sobre la gestión institucional. Una Fiscalía que pretende recuperar su credibilidad no puede limitarse a afirmar que no existe delito; debe mostrar que no hay opacidad, que no se otorgan privilegios y que no se ampara ninguna forma de protección corporativa.
En esta ocasión, la Fiscalía dio la impresión de reaccionar con retraso, de manera defensiva y sin una estrategia de transparencia claramente definida.
Diferencias entre una sospecha política y la evidencia judicial
Es importante no confundir planos. La expresión “cloacas del PSOE” pertenece al lenguaje político y mediático. Es una fórmula de combate, no una calificación jurídica. Desde el punto de vista judicial, lo que existe es una investigación sobre presuntas maniobras para obtener información, condicionar causas o interferir en procedimientos sensibles.
En ese marco, Teresa Peramato no aparece hoy como protagonista penal. No hay, en el material revisado, una prueba que la sitúe organizando reuniones, dando instrucciones ilegales o participando en maniobras de presión. Por eso sería imprudente afirmar que está implicada judicialmente en una trama.
Pero sería igual de ingenuo ignorar el deterioro político e institucional. La Fiscalía no solo debe ser imparcial; debe parecerlo. Y en este caso, la apariencia es uno de los grandes problemas.
Peramato afronta el costo de una paradoja: busca mostrarse como una figura de renovación, pero varias de sus decisiones han alimentado la percepción de continuidad. Aspira a expresar independencia, aunque sus gestos se han interpretado como un amparo al bloque previo. Desea sanar fracturas, pero sus nombramientos han vuelto a abrir divisiones internas.
El caso Aldama y la autoridad jerárquica puesta en entredicho
La polémica del caso Aldama añadió otra capa de desconfianza. Según la investigación, el fiscal Alejandro Luzón valoró premiar más la confesión de Víctor de Aldama, pero tras debatirlo con Peramato se mantuvo una rebaja de pena más limitada.
Una vez más, desde el plano jurídico puede sostenerse que el fiscal general ejerce autoridad jerárquica dentro del Ministerio Fiscal; no obstante, el conflicto es político: cuando se cuestiona a una institución por su cercanía al poder, cualquier actuación en un asunto delicado termina interpretándose como una intromisión.
La legalidad de una actuación no elimina automáticamente su coste reputacional. En el caso de Peramato, cada decisión técnicamente defendible se convierte en políticamente sospechosa porque la confianza previa ya estaba rota.
Quizá ese sea el síntoma más serio: la Fiscalía ya no conserva el beneficio de la duda.
Una institución fracturada
Otro factor relevante es la situación interna del Ministerio Fiscal. Las elecciones para el Consejo Fiscal evidenciaron que el sector crítico conserva una notable fuerza. Aunque esto no implica de forma inmediata una desautorización personal a Peramato, sí deja claro que la división interna continúa.
La Asociación de Fiscales ha señalado una marcada falta de transparencia y ha criticado la ausencia de explicaciones convincentes. La Unión Progresista de Fiscales, por el contrario, ha respaldado la validez jurídica de los nombramientos y ha acusado la existencia de una campaña destinada a desacreditar a la institución. Esto ha dejado una Fiscalía dividida en dos interpretaciones: para algunos, Peramato simboliza continuidad y defensa corporativa; para otros, aparece como blanco de una ofensiva política dirigida contra el Ministerio Público.
Pero una fiscal general no puede limitarse a tener razón dentro de su propio bloque. Su responsabilidad es reconstruir confianza más allá de los suyos. Y en ese punto, el balance hasta ahora es débil.
El cuestionamiento principal: resulta insuficiente limitarse a no aparecer imputada
La defensa más cómoda de Peramato es decir que no está investigada. Y es cierto. Pero esa defensa es insuficiente.
La exigencia a una fiscal general del Estado no puede limitarse a no estar imputada. Debe garantizar independencia, transparencia, prudencia en los nombramientos, neutralidad institucional y distancia clara respecto de cualquier núcleo sometido a sospecha. En una institución tan sensible, la apariencia de protección interna puede ser casi tan dañina como la prueba de una irregularidad.
La investigación apunta precisamente a eso: no a una Peramato atrapada judicialmente, sino a una Peramato atrapada políticamente por sus propias decisiones.
Su mayor inconveniente no reside en haber asistido a las reuniones del caso Leire Díez. Lo realmente problemático es que todavía no ha presentado una explicación institucional lo bastante persuasiva sobre lo ocurrido, sobre los nombramientos posteriores y sobre la permanencia de determinados perfiles en puestos clave.
Tampoco se limita a haber respaldado a García Ortiz; el inconveniente radica en que ese apoyo llegó justo cuando la Fiscalía requería muestras claras de renovación y no un gesto de protección.
Una fiscal general bajo vigilancia pública
La conclusión más equilibrada, pero también más crítica, es clara: Teresa Peramato no aparece, con la información disponible, como imputada ni como participante directa en una trama. Pero su gestión sí ha quedado gravemente condicionada por una sucesión de decisiones que alimentan la sospecha de continuismo, protección interna y falta de transparencia.
Su caso aún no representa una responsabilidad judicial confirmada; más bien corresponde a una responsabilidad institucional que continúa pendiente de aclaración.
Y ahí reside el aspecto más delicado: cuando la Fiscalía General del Estado requiere recuperar autoridad moral, no puede permitirse resoluciones que aparenten estar concebidas para resguardar al viejo núcleo de poder. Peramato contaba con la ocasión de marcar distancia, abrir espacios y reconstruir la confianza. No obstante, hasta el momento su desempeño ha generado más incertidumbres que señales claras de cambio.
La Fiscalía no está en condiciones de exigir confianza cuando se comporta como si la desconfianza fuera únicamente un asunto comunicativo. La credibilidad se recupera mediante acciones concretas, con apertura y con resoluciones que no den la impresión de favorecer a los de siempre.
Teresa Peramato aún dispone de la oportunidad de evidenciar que su mandato no se limitará a una simple continuación del previo, aunque para alcanzarlo necesita algo más que fundamentos legales: requiere una política definida que haga visible su independencia, porque en una institución tan deteriorada no basta con cumplir la ley, también resulta esencial parecer íntegra.
