La crisis en la Universidad de San Carlos de Guatemala abrió una diferencia pública entre el presidente Bernardo Arévalo y el diputado Samuel Pérez, aliado del Ejecutivo en el Congreso. El desacuerdo se concentra en el alcance de las facultades presidenciales frente a las denuncias relacionadas con la elección de Walter Mazariegos como rector y en los límites establecidos por la Constitución y la autonomía universitaria.
Pérez cuestionó la decisión del mandatario de esperar las resoluciones judiciales antes de adoptar otras medidas. Arévalo respondió que la Presidencia no puede actuar fuera de las atribuciones que le corresponden y sostuvo que las declaraciones del legislador evidencian un “problema de información” sobre las competencias del Ejecutivo.
La discusión expone dos criterios sobre la forma en que el Gobierno debe responder a una controversia que permanece pendiente de decisiones judiciales. Ambos actores cuestionan la legitimidad de la gestión de Mazariegos, pero difieren en el tipo de actuación que corresponde impulsar desde el poder público.
Diferencias sobre las facultades presidenciales
Samuel Pérez describió como “insuficiente” la postura de Arévalo de limitar las acciones del Ejecutivo a lo que resuelvan las cortes, y afirmó que la Presidencia ha rehuido emplear el “poder público” para aportar a una salida de la crisis universitaria.
Su crítica se dirige a la falta de una intervención más amplia por parte del Gobierno frente a la permanencia de Walter Mazariegos. Pérez considera que la respuesta presidencial no corresponde con el papel que, a su juicio, debería asumir el Ejecutivo ante el conflicto.
Arévalo desestimó esa propuesta durante La Ronda. El mandatario afirmó que existe una falta de comprensión sobre las atribuciones que la Constitución concede al presidente y remarcó que su administración debe acatar los límites legales que rigen su actuación.
De acuerdo con la posición presidencial, cualquier actuación que rebase esas atribuciones podría comprometer la autonomía de la USAC. Por ello, el Ejecutivo ha decidido aguardar las resoluciones de las instancias jurisdiccionales y solicitar que las entidades competentes investiguen las denuncias surgidas durante el proceso de elección de rector.
La diferencia entre ambos funcionarios radica, en consecuencia, en cómo interpretan el alcance de la acción presidencial. Pérez defiende una actuación más decidida, mientras que Arévalo afirma que el conflicto debe gestionarse a través de los mecanismos legales vigentes.
Arévalo rechaza señalamientos sobre posibles acuerdos
El presidente también negó que existan acuerdos ocultos relacionados con el proceso de elección de las autoridades universitarias. Arévalo afirmó que esos señalamientos no cuentan con sustento y los atribuyó a la falta de información o a la “mala fe” de quienes los han formulado.
El mandatario aseguró que, desde la Presidencia, instó a las autoridades de justicia a investigar las denuncias sobre posibles irregularidades y violaciones legales ocurridas durante el proceso electoral de la universidad. Al mismo tiempo, reiteró que su participación debe mantenerse dentro del marco constitucional.
Esta posición coloca el desarrollo del conflicto en manos de las instituciones encargadas de resolver los procesos judiciales. Para el Ejecutivo, el respeto de esos procedimientos forma parte de la obligación de no intervenir directamente en las decisiones internas de la universidad.
La posición de Pérez introduce una demanda distinta. Si bien el diputado también ha hecho uso de vías judiciales, sostiene que el liderazgo presidencial podría asumir una función más amplia frente a la situación de la USAC.
Perspectiva expone este episodio como la primera discrepancia pública entre el Ejecutivo y uno de sus principales aliados legislativos en torno a la crisis universitaria. La diferencia no gira en torno a cómo se evalúa la gestión de Mazariegos, sino a qué mecanismos deberían utilizarse para hacerle frente.
Pérez impulsa acciones judiciales contra Mazariegos
Mientras cuestiona la labor del presidente, Samuel Pérez impulsa una ofensiva judicial contra Walter Mazariegos, que incluye la presentación de denuncias penales por un presunto abuso de autoridad.
El diputado conjuga de este modo sus cuestionamientos políticos con la utilización de vías jurídicas, y afirma que la necesidad de esperar los fallos judiciales no tendría por qué limitar al Ejecutivo en el ejercicio de otras formas de liderazgo dentro de sus atribuciones.
Arévalo, por su parte, sostiene que toda decisión debe prevenir cualquier vulneración de la autonomía universitaria o una intervención susceptible de ser objetada por sobrepasar las facultades presidenciales. Su pronunciamiento refuerza una postura de cautela institucional sustentada en la separación de responsabilidades entre el Ejecutivo, las autoridades universitarias y los órganos de justicia.
La controversia introduce una tensión en la relación entre la Presidencia y uno de sus aliados en el Congreso. También refleja una diferencia sobre cómo debe utilizarse el poder estatal frente a una crisis institucional: mediante una intervención política más activa, como plantea Pérez, o mediante el respeto de los procesos judiciales y los límites constitucionales, como sostiene Arévalo.
La situación de la USAC permanece ligada a las investigaciones y resoluciones aún pendientes; hasta que esas determinaciones se emitan, el debate entre ambos actores seguirá centrado en el alcance de la autoridad presidencial, la autonomía universitaria y los mecanismos institucionales disponibles para atender las denuncias relacionadas con la elección de rector.
